Del necesario e ignominioso fin de la gestión de Consuelo Porras

Cuando en 1865 concluyó la Guerra de Secesión en los Estados Unidos, los rebeldes estados esclavistas del sur enfrentaron una catástrofe. El ingreso promedio del ciudadano del Sur era 40% del de sus congéneres del Norte victorioso. Era inmensa la reconstrucción que debía emprender el gobierno federal, en manos de los ganadores del Norte. Debían ocupar militarmente un territorio extenso, controlar una población blanca apenas sometida, instaurar la ciudadanía de la población negra liberta, y garantizar los recursos para que esta ciudadanía pudiera ejercitarse de hecho. En aras de la concordia los líderes del Norte adoptaron una actitud indulgente para con sus contrincantes derrotados. Empezó simbólicamente cuando Ulisses S. Grant, comandante de las fuerzas del Norte, permitió que su contrincante, el general Robert E. Lee, conservara su sable y su caballo al rendirse. El gobierno federal canceló el juicio por traición contra Jefferson Davies, el presidente confederado. Y fue escasa la aplicación de la vigente pena de muerte por traición a la patria. Aunque la nueva 14va enmienda de la Constitución vedaba el acceso a cargos de elección popular a los líderes traidores, ya el texto consideraba la opción de su rehabilitación. A la sombra de tal lenidad los impenitentes líderes del Sur cultivaron el mito de la «Causa Perdida», argumentando que la esclavitud no fue motivo central de la rebelión y que la suya era una causa justa y heróica. Su negacionismo fructificó con el compromiso de 1877, un pacto informal entre los candidatos a la presidencia Rutherford Hayes (republicano) y Samuel Tilden (demócrata). Ante un resultado electoral cuestionado, en nombre de la gobernabilidad reconoció a Hayes como ganador, a cambio de cancelar la reconstrucción en el Sur. Inauguró en el Sur una era de discriminación institucionalizada contra la ciudadanía afrodescendiente, solo finalizada (formalmente) con la suscripción de las leyes de derechos civiles (1964 y 1968) y la ley de derecho al voto (1965). A pesar del triunfo del Norte, es una historia de persistente discriminación racista y negacionismo en nombre de la paz social entre blancos, donde el afán de gobernanza prevaleció sobre la Constitución y sobre la dignidad de los ciudadanos negros. Esta excursión histórica importa cuando se agudiza la batalla entre ciudadanía guatemalteca y el pacto de corruptos. Por un lado están los representantes electos abrumadoramente —Bernardo Arévalo, Karin Herrera y el Movimiento Semilla—. Por el otro, los mañosos representantes del ahora pacto de impunidad; muy particularmente, Consuelo Porras en el Ministerio Público. Dos cosas se dirimen ahora. Por una parte, el ansia de que la soberanía popular sea más que un lema, donde gocemos de un Estado para todos, una economía próspera y una sociedad con esperanza. Por la otra, la necesidad de resolver una aguda crisis institucional, reproducida por una funcionaria truhán que convirtió la persecución penal en vendetta contra jueces, fiscales, periodistas y abogados que lucharon contra la corrupción; y quien ahora usa la ley como arma arrojadiza contra el resultado electoral legítimo. Ante esas dos cosas es importante entender que Porras es solo un símbolo de poder. En su mente descabalada se concibe ella como adalid de la alianza que quiere que Guatemala perpetuamente sea un Estado perverso, pero ella es apenas una correveidile, poco más que su recadero, el fiscal Curruchiche. Pero con ese papel ella concreta el filo del cuchillo que hoy corta nuestra democracia. Con ella los poderes oscuros —empezando desde Casa Presidencial— desangran nuestras esperanzas. Y por eso debe abandonar el puesto. Ella es incompatible con el gobierno democrático legítimamente electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. Sin embargo, eso solo quita el cuchillo de la mano del asesino. La malsana intención sigue y pronto buscará otro instrumento. Y es aquí que apremia la lección que desde hace siglo y medio enseña el fin de la Guerra Civil en los EE. UU. Ignorarla estorba pasar de la tarea urgente —acabar con la crisis institucional— a la tarea importante de construir una sociedad con todos y para todos. No basta arrancarle a Porras el poder perverso que subvierte. Debe inscribirse en ella el mensaje para todo funcionario que jura sostener nuestra Constitución y luego traiciona a la ciudadanía. Diputados, magistrados y jueces, presidentes, ministros y alcaldes, por más obtusos que sean, necesitan leer algo en el destino ignominioso de la gestión de Consuelo Porras: que nadie traiciona al soberano pueblo, sirve a los mafiosos y sale indemne. La generosidad con el contrincante siempre es virtud. La condición bajo la que se otorga, sin embargo, es un arte.