Episodio 4

The Coordinadora Europea vía Campesina advocates for the implementation of a European Directive on agricultural land to regulate land transactions, fight speculation, protect soils, promote agroecological practices, and prioritize the food mission of agricultural land. They propose limiting land control to 500 hectares and creating public land banks to ensure a fair distribution of land and democratic control. They also mention the example of land reforms in Scotland, where communities have the right to acquire land. International tools and declarations, such as the UN Declaration on the Rights of Peasants and the FAO's voluntary guidelines on responsible land governance, can help regulate land. Access to land is essential for respecting human rights, including the right to food and collective territorial rights. ¿Cómo regular la tierra? Primera parte. La Coordinadora Europea vía Campesina aboga por la aplicación de una Directiva Europea sobre las tierras agrícolas como una norma mínima para que se cumplan los objetivos siguientes. Regular las transacciones de tierras. Luchar contra la especulación. Frenar la concentración y el acaparamiento de tierras. Proteger y recuperar los suelos. Impulsar la instalación de los jóvenes. Favorecer las prácticas agroecológicas. Y dar prioridad a la misión alimentaria de las tierras agrícolas. Estos retos son clave para garantizar la vitalidad del campo. Preservar el modelo agrícola campesino. Defender los derechos campesinos. Y hacer realidad la soberanía alimentaria. A continuación se presentarán importantes medidas legales que la Coordinadora Europea vía Campesina propone implementar. Limitar el control del uso de la tierra a 500 hectáreas. Limitar la superficie que una persona puede poseer permite luchar contra la concentración y el acaparamiento de tierras en Europa. Se trata de limitar cualquier toma de control del uso de la tierra en cualquier forma. Por ejemplo, si una persona tiene el derecho de uso de más de 500 hectáreas de tierras agrícolas, los Estados miembros podrán desposeer al propietario de sus derechos de uso y redistribuirlos a través de bancos de tierras nacionales. Esto favorece la instalación campesina gracias a un reparto más justo de la tierra. Crear bancos públicos de tierras y establecer mecanismos redistributivos de los derechos de uso de la tierra. Para asegurar un control democrático de la tierra, los Estados tienen la posibilidad de crear bancos nacionales de tierras públicas. Estos bancos tendrán la misión de administrar todo el patrimonio agrícola público y de asegurar la distribución de los derechos de uso de estas tierras para favorecer la instalación campesina y la instalación agroecológica. En Francia, las sociedades de ordenación territorial y de establecimiento rural, también conocidas como las SAFER, son estructuras que reglamentan la vida de la tierra. Cuando un terreno agrícola se pone en venta, los notarios informan a la SAFER, Los notarios informan a la SAFER, que a su vez informa a los campesines de la venta y de la adquisición de las tierras. Además, supervisa a quién se le vende la tierra y, por ejemplo, permite verificar si esta persona viene del sector agrícola o si ya posee un gran número de tierras. La SAFER también asume un papel de mediadora. Si juzga que la venta es inadecuada, puede ejercer su derecho de preglación antes de volver a poner la tierra en venta. También puede pedir revisar el precio si lo considera muy elevado. Hoy en día, se critica a las SAFER por su falta de transparencia en las tomas de decisión y también porque son financiadas en parte por las ventas, lo cual puede generar abusos de poder. A pesar de esto, Francia tiene uno de los precios promedio de tierras agrícolas más bajos en Europa Occidental. El ejemplo de reformas agrarias en Escocia. En 2016, en Escocia, cuando el país todavía era miembro de la Unión Europea, finalizó un ciclo de reformas agrarias con el reconocimiento del derecho de las comunidades a adquirir tierras. Con esto, el Parlamento escocés intentó remediar la concentración de tierras, una cifra históricamente elevada en el país. Los derechos establecidos por esta reforma agraria permiten a las organizaciones campesinas o ciudadanas que se ofrece una venta en el caso de tierras abandonadas o poco utilizadas o cuando muestran las ventajas ecológicas de una adquisición comunitaria. Estas leyes no exigen que un propietario sea vendedor voluntario. Se puede recurrir a estas leyes para forzar la venta de un terreno, aunque la ley regula cuidadosamente las condiciones de esa venta. Igualmente, esta legislación exige que la comunidad adquiera la tierra a su valor de mercado. También existen disposiciones en el derecho internacional para garantizar el derecho a la tierra. Ya hemos mencionado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y existen muchas herramientas internacionales, como las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, de la FAO, que pueden ayudarnos a regular la tierra. Además, el acceso a la tierra está en la base del respeto de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación y el derecho colectivo al territorio. En realidad, el garantizar el acceso a la tierra no es una opción política, sino que es la base del respeto de los derechos humanos.